Entidades civiles piden a las administraciones que solo contraten a las empresas que respetan los derechos humanos
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/transformando-las-economias/contratos-publicos-con-valores-humanos
Más de una quincena de entidades del tercer sector, junto al grupo de investigación de Medio Ambiente de la Universidad de Greenwich, han elaborado la Guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública y han exigido que solo se contrate a empresas públicas que respetan los valores humanos en toda la cadena de producción.
“Para la contratación de compra pública debería haber un tratado vinculante que respete los derechos humanos. Eso sería lo ideal: que existiera un tratado internacional para juzgar aquellas empresas que violan los derechos humanos”, resaltó Lina González, del Instituto Internacional de Acción No Violenta (NOVACT), que presentó recientemente la guía en la jornada Cooperación Internacional y Economía Solidaria, construyendo alianzas a través de las finanzas éticas, que organizó Financiación Ética y Solidaria (FETS).
Como esto no existe, tanto expertos nacionales como internacionales en derecho y contratación pública han elaborado esta guía que pretende ser un marco legal para que desde ayuntamientos a instituciones nacionales del norte del hemisferio eviten “la contratación pública a aquellas empresas que son poco éticas en el sur global”, explicó González.
Para favorecer este contexto, González manifestó que se deben de controlar los ciclos vitales de las empresas, es decir, desde dónde producen sus productos hasta dónde los desechan con la finalidad de comprobar que, en todo este proceso, se respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Por eso, sugirió que las administraciones creen sellos públicos que pongan en valor a aquellas empresas que trabajan acorde a unos estándares éticos para favorecer que se las contrate a través de los concursos públicos de contratación.
Además, otra de las propuestas de la especialista es que se fortalezca a los proyectos de la economía social y solidaria, que respetan los derechos laborales, humanos y el medio ambiente. El problema principal es que estas iniciativas no tienen suficiente capacidad para abastecer las necesidades de las administraciones públicas, por lo que González reclama que se les dote de recursos económicos para que puedan ser una alternativa a las multinacionales.
